El proyecto, que surgió del seno de distintas
agrupaciones – lideradas por la Unión de Músicos Independientes (UMI) – y
músicos autónomos, fue llevado al congreso por el diputado Eric Calcagno. El
punto principal de la iniciativa consiste en la creación del Instituto Nacional
de la Música (INAMU), un organismo autárquico a través del cual se buscará
“federalizar el fomento a la producción del país”, de acuerdo a lo expuesto en
el sitio web de Músicos Autoconvocados.
Si bien el debate por los derechos de los músicos en
relación a las discográficas tiene tanto tiempo como este tipo de compañías, el
disparador que hizo pensar a quienes elaboraron el proyecto que era factible su
concreción fue la derogación en 2005 del decreto 520/05. Éste, sancionado en
1958, exigía a los músicos dar un examen de aptitud ante un jurado de notables
para poder ser considerado “profesionales”. Solo a partir de entonces podrían
acceder a los derechos que garantiza el Sindicato Argentino de Músicos (SADEM).
Integrantes de Músicos Autoconvocados, liderados por
Diego Boris, entendieron la medida del ejecutivo como un gesto de apertura, por
lo que a partir de 2006 formaron comisiones con el objetivo de elaborar un
proyecto que reivindicara los derechos de los músicos nacionales y que buscase
dar oportunidades a distintos artistas con poca o mediana llegada al público.
La propuesta busca mejorar las condiciones laborales
de los músicos, distribuir equitativamente los recursos económicos y materiales
provenientes del estado y darle herramientas a la sociedad para que promueva
políticas culturales. En este sentido, se busca la creación de los llamados
Circuitos Estables de Música en Vivo en cada región del país, la posibilidad de
mejorar la difusión de la música nacional en los medios de comunicación y la
formación integral de los músicos tanto desde lo intelectual/técnico como desde
el conocimiento de sus derechos laborales. Se buscará también, a través del
Circuito Cultural Social, acercar distintas expresiones musicales a los lugares
y sectores de escaso acceso a estas manifestaciones del arte. El
financiamiento, que en principio está garantizado por el Art. 97 de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual, será dividido en dos partes: por un lado se
asignarán subsidios y créditos de forma tradicional, mientras que por otro lado
se buscará proveer de herramientas a los músicos para que puedan desarrollar su
actividad sin tener que recurrir a las grandes compañías discográficas: se
darán vales para fabricar discos, para grabar, para masterizar, para imprimir
gráfica, para difundir, entre otros recursos.
Si bien las experiencias del INCAA y del Instituto del
Teatro (INT) sirven como ejemplo de gestión, el INAMU intentará no caer en el
mero otorgamiento de subsidios económicos que muchas veces tienen otros fines
por falta de control - tal es el caso del INCAA - así como también buscará
descentralizar la actividad artística a través de la creación de cinco sedes en
todo el país y no una principal en Capital Federal como sucede con el INT.
La Ley de Música nace de una necesidad de la gran
mayoría de los músicos que luchan por conseguir fechas para tocar o que deben
vender tanta cantidad de entradas o inclusive pagar para poder dar un show. Por
otro lado está el problema de las grandes multinacionales como Sony, EMI o
Universal las cuales empaquetan los productos culturales para venderlos en el
mercado en desmedro del folklore de cada cultura.
El resurgimiento de la música popular y la
proliferación de artistas de los más variados géneros dan cuenta de una
intención por parte de la sociedad de profundizar su soberanía cultural. Quienes
celebran hoy la sanción de esta ley son quienes entienden que la música es una
de las más poderosas herramientas para que un pueblo se conozca, se libere y se
fortalezca.
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