miércoles, 5 de diciembre de 2012

Como la melodía manda

Luego de más de cuatro años de idas y vueltas, la llamada Ley de Música fue aprobada por ambas cámaras del congreso.
El proyecto, que surgió del seno de distintas agrupaciones – lideradas por la Unión de Músicos Independientes (UMI) – y músicos autónomos, fue llevado al congreso por el diputado Eric Calcagno. El punto principal de la iniciativa consiste en la creación del Instituto Nacional de la Música (INAMU), un organismo autárquico a través del cual se buscará “federalizar el fomento a la producción del país”, de acuerdo a lo expuesto en el sitio web de Músicos Autoconvocados.
Si bien el debate por los derechos de los músicos en relación a las discográficas tiene tanto tiempo como este tipo de compañías, el disparador que hizo pensar a quienes elaboraron el proyecto que era factible su concreción fue la derogación en 2005 del decreto 520/05. Éste, sancionado en 1958, exigía a los músicos dar un examen de aptitud ante un jurado de notables para poder ser considerado “profesionales”. Solo a partir de entonces podrían acceder a los derechos que garantiza el Sindicato Argentino de Músicos  (SADEM).
Integrantes de Músicos Autoconvocados, liderados por Diego Boris, entendieron la medida del ejecutivo como un gesto de apertura, por lo que a partir de 2006 formaron comisiones con el objetivo de elaborar un proyecto que reivindicara los derechos de los músicos nacionales y que buscase dar oportunidades a distintos artistas con poca o mediana llegada al público.
La propuesta busca mejorar las condiciones laborales de los músicos, distribuir equitativamente los recursos económicos y materiales provenientes del estado y darle herramientas a la sociedad para que promueva políticas culturales. En este sentido, se busca la creación de los llamados Circuitos Estables de Música en Vivo en cada región del país, la posibilidad de mejorar la difusión de la música nacional en los medios de comunicación y la formación integral de los músicos tanto desde lo intelectual/técnico como desde el conocimiento de sus derechos laborales. Se buscará también, a través del Circuito Cultural Social, acercar distintas expresiones musicales a los lugares y sectores de escaso acceso a estas manifestaciones del arte. El financiamiento, que en principio está garantizado por el Art. 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, será dividido en dos partes: por un lado se asignarán subsidios y créditos de forma tradicional, mientras que por otro lado se buscará proveer de herramientas a los músicos para que puedan desarrollar su actividad sin tener que recurrir a las grandes compañías discográficas: se darán vales para fabricar discos, para grabar, para masterizar, para imprimir gráfica, para difundir, entre otros recursos.
Si bien las experiencias del INCAA y del Instituto del Teatro (INT) sirven como ejemplo de gestión, el INAMU intentará no caer en el mero otorgamiento de subsidios económicos que muchas veces tienen otros fines por falta de control - tal es el caso del INCAA - así como también buscará descentralizar la actividad artística a través de la creación de cinco sedes en todo el país y no una principal en Capital Federal como sucede con el INT.
La Ley de Música nace de una necesidad de la gran mayoría de los músicos que luchan por conseguir fechas para tocar o que deben vender tanta cantidad de entradas o inclusive pagar para poder dar un show. Por otro lado está el problema de las grandes multinacionales como Sony, EMI o Universal las cuales empaquetan los productos culturales para venderlos en el mercado en desmedro del folklore de cada cultura.
El resurgimiento de la música popular y la proliferación de artistas de los más variados géneros dan cuenta de una intención por parte de la sociedad de profundizar su soberanía cultural. Quienes celebran hoy la sanción de esta ley son quienes entienden que la música es una de las más poderosas herramientas para que un pueblo se conozca, se libere y se fortalezca.

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