La
empresa estadounidense Monsanto no solamente es conocida por ser la empresa que
revolucionó el mercado agrícola global sino también porque sus productos son de
los más dañinos para el medio ambiente y para la salud humana.
Si
bien nació como una industria dedicada a lo químico, a partir de los 70´s
vieron el negocio en la elaboración de productos para la agricultura
estrechamente ligados con la biotecnología. Fue así que empezaron a producir,
entre otras cosas, semillas genéticamente modificadas y lanzaron al mercado su
producto estrella: el RoundUp, más conocido por estas tierras como el
Glifosato.
El
Glifosato es un potente herbicida no selectivo cuya función es eliminar las
hierbas y los arbustos perennes. El uso de este agroquímico está ligado al
modelo llamado “siembra directa” que emplea masivamente herbicidas sobre
cultivos transgénicos resistentes a los mismos.
En
1996 Monsanto empezó a comercializar, bajo las siglas RR (de RoundUp Ready),
cultivos modificados genéticamente como maíz, trigo, algodón y soja. Estos
cultivos fueron específicamente diseñados para tolerar el glifosato y se
concentran mundialmente en tres países: los Estados Unidos, Canadá y Argentina.
El monstruo en suelo argentino
Si
bien Monsanto desembarcó en nuestro país en 1956 con la inauguración de la
Planta de Zárate para la producción de plásticos (que no es la única ya que hay
plantas en Pergamino, en Rojas y próximamente en la localidad cordobesa de
Malvinas Argentinas), el gran paso se dio en 1996 cuando el gobierno autorizó
la incorporación de la soja RR. A partir de entonces la soja transgénica empezó
a tener cada vez mayor injerencia en la macroeconomía del país hasta
convertirse en uno de sus pilares. La utilización del glifosato fue vital en
este crecimiento dado que permite cultivar más y con menores costos.
Ahora
bien, este herbicida es de uso legal y es aprobado por el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) cuya resolución 350/99 indica que su
uso es de “improbable riesgo agudo”. Lo llamativo es que no es este organismo
el que se encarga realizar los ensayos toxicológicos sobre los pesticidas que
se utilizan en nuestro país: son las empresas agroquímicas las que los hacen a
través de sus laboratorios propios. En tanto y en cuanto los laboratorios
cumplan con los “requisitos administrativos y técnicos” y estén debidamente
inscriptos en la red del organismo, el SENASA solo se encarga de evaluar los
resultados de los análisis ya realizados. Monsanto Argentina SAIC es el
laboratorio que se encarga de analizar el impacto del glifosato y el acetocolor
a pesar de que el art. 9 de la resolución 736/06 del SENASA dictamine que “los
laboratorios autorizados deberán abstenerse de efectuar análisis sobre material
proveniente de cualquier empresa con la cual mantengan algún tipo de
vinculación o dependencia que pueda afectar su independencia de juicio”.
Esto
sucede ante la ausencia de una legislación nacional que regule el uso de
agroquímicos y por la insuficiencia de informes epidemiológicos oficiales que
den cuenta del real efecto de estos productos sobre el medio ambiente y la
salud de las personas.
Herbicida homicida
Estudios
sobre los efectos del glifosato fueron realizados por la Universidad de Caen y
el Centro Nacional de Investigación de Roscoff, ambos de Francia, la
Universidad de Pittsburg (Estados Unidos), la
Universidad
Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional del Litoral. Sin embargo, los
dos de mayor impacto fueron los del docente, investigador de la UBA y del
CONICET Andrés Carrasco, elaborado en 2009, y el de Greenpeace dado a conocer a
mediados del 2011.
El
trabajo de Carrasco fue publicado en la revista científica Chemical Research in
Toxicology e indica principalmente que el glifosato puede producir
“malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas en los embriones humanos”.
Además, el ex científico del Ministerio de Defensa denunció que “el glifosato
también está asociado a un aumento significativo de casos de leucemia en chicos
menores de 15 años, entre otros trastornos que nuestro sistema sanitario no se
ha ocupado de investigar epidemiológicamente en profundidad”. Este trabajo se
ganó el repudio de Monsanto, de la embajada estadounidense y de funcionarios de
las provincias donde se utiliza activamente el herbicida.
El
informe titulado Tolerancia a herbicidas y cultivos transgénicos. Por qué el
mundo debería estar preparado para abandonar el glifosato, publicado por la ONG
Greenpeace advierte que la exposición de las personas al glifosato se vincula
con efectos crónicos reproductivos (defectos de nacimiento), cáncer,
neurológicos (puede causar el mal de Parkinson) y efectos agudos por el uso
directo del producto por los agricultores o por la exposición de los
habitantes. “El glifosato interactúa con la química y la biología del suelo,
provocando una serie de impactos que incluyen la reducción de la nutrición de
las plantas y el incremento su vulnerabilidad a las enfermedades. El glifosato
también puede lixiviarse hacia aguas superficiales y subterráneas, donde puede
dañar la vida silvestre y, posiblemente, terminar en el agua potable”, subraya
el informe.
Ituzaingó Anexo: sentando
jurisprudencia
Hace
diez años un grupo de mujeres del barrio cordobés Ituzaingó Anexo denunció que
había numerosos casos de malformaciones en niños, bebés nacidos muertos y
decenas de casos de cáncer y enfermedades autoinmunes. En 2008, el entonces
subsecretario de Salud de la provincia, Medardo Avila Vásquez, denunció a los
productores por considerar que fumigaban al lado del barrio, a pesar de que la ley
9164 de agroquímicos prohíbe la aplicación aérea de determinados productos
usados en las plantaciones a corta distancia de la población urbana.
Haciéndose
eco de este caso, a principios de 2009 la presidenta Cristina Fernández firmó
el decreto 21/2009 a través de la cual creó la Comisión Nacional de
Investigación de Agroquímicos (CNIA) con el fin de investigar las relaciones
entre las fumigaciones y las enfermedades denunciadas por los habitantes de los
pueblos cercanos a grandes plantaciones de cultivos. Sin embargo, un año
después la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió un comunicado en el que
cuestionó a la CNIA por no “cumplir de modo sostenido en el tiempo con la manda
presidencial que la convocó para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento
en casos de intoxicación o que afecten a la población con productos
agroquímicos”.
Más
allá del interregno de la CNIA, el caso del barrio Ituzaingó Anexó tuvo su
juicio en agosto de este año cuando la Cámara del Crimen de Córdoba impuso tres
años de prisión condicional al productor Francisco Parra y al piloto Edgardo
Pancello. De esta manera, se concretó el primer proceso judicial de la historia
latinoamericana contra productores y fumigadores acusados por contaminación
ambiental.
La Leonesa y otros pueblos en lucha
A
mediados del 2010 un juez provincial suspendió las fumigaciones de arroceras
por noventa días en la localidad chaqueña de La Leonesa y ordenó a la provincia
un estudio sobre los efectos del glifosato en esa población. La Comisión Provincial
de Investigación de Contaminantes del Agua publicó un informe en
el
que señaló que en los últimos diez años en La Leonesa se triplicaron los casos
de cáncer en niños menores de 15 años y se cuadruplicaron los casos de
malformaciones en recién nacidos, lo cual coincidió con el auge de la
explotación de arroz transgénico en la zona. En marzo del mismo año, gracias a
una querella impulsada por residentes de Santa Fe, un tribunal regional
prohibió aplicar glifosato cerca de las áreas pobladas.
En
Tucumán los vecinos protestan contra la instalación de la Estación Experimental
de Monsanto, que busca entrar en la provincia norteña con la producción de soja
y maíz. Asimismo en Pergamino alertan la existencia de contaminación ambiental
producida por el amoníaco liberado por la planta allí instalada.
Una nueva planta y un futuro incierto
El
15 de junio de este año, Cristina Fernández de Kirchner anunció en el Consejo
de las Américas celebrado en Nueva York que Monsanto invertirá casi 2 millones
de pesos para instalar una nueva planta para la producción de maíz en la
localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. Sin bien el anuncio exaltó la
importancia de la inversión para el plan industrial (crearía 400 puestos de
trabajo) y para el plan agroalimentario 2020 no fue bien recibido por los
vecinos de la localidad ubicada en el Gran Córdoba. En este sentido la Sala 2ª
de la Cámara del Trabajo de Córdoba ordenó dar trámite al amparo presentado por
el Club de Derecho, junto con vecinos de Malvinas Argentinas, para frenar la
instalación de la planta.
Al
igual que sucede en Chaco, Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires, son los mismos
vecinos quienes se oponen a que Monsanto se instale en sus localidades. La fama
que se hizo la empresa, a la cual poco parece interesarle el impacto de sus
producciones artificiales sobre el ambiente y la salud humana, genera que los
pueblos de aquí y de otras partes del mundo se revelen contra el glifosato y
cualquier otro producto que ofrezca esta multinacional. Tener afinidad con los
gobiernos, empezando por el de los Estados Unidos, elaborar ellos mismos los
análisis toxicológicos, hacer lobby con los medios de comunicación y vender
productos que benefician principalmente a los sectores más pudientes de las
sociedades generan que todo lo que se diga contra Monsanto y su estrella el
Glifosato sea desmentido o silenciado. Mientras tanto miles de pueblos siguen
sufriendo los efectos a corto y mediano plazo de los productos de una empresa
que busca maximizar las ganancias en desmedro de la salud de la población y del
planeta.
