miércoles, 26 de septiembre de 2012

La invención del terror


A pesar de no existir una definición precisa para determinar cuándo estamos hablando de terrorismo, lo cierto es que desde aquél día en el que dos aviones se estrellaron contras las torres gemelas se empezó a relacionar al término con todo lo proveniente de medio oriente. La Guerra Preventiva lanzada por la administración Bush, con el fin de encontrar a Bin Laden y de diezmar a los grupos y/o estados que ayudasen a los terroristas a concretar sus tareas, se tradujo en la invasión de Afganistán primero y después en la de Irak. Ni terroristas ni armas nucleares fueron halladas en suelo árabe: solo negociados con petróleo, imposición de nuevos gobiernos y un gran número de victimas civiles y ciudades destruidas.
La consecuencia de todo este proceso en el resto del globo fue la de reforzar no solo los controles fronterizos sino también los movimientos internos de las poblaciones. Distintos organismos internacionales, con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a la cabeza, tomaron el ejemplo del FMI y del Banco Mundial y empezaron a presionar a los países para que acepten sus sugerencias. En este sentido, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, celebrada unos meses después del atentado de las torres, instaba a todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a sancionar leyes que combatieran al terrorismo desde lo financiero y lo organizacional.
Los pedidos del GAFI fueron cumplidos por Paraguay, Chile, Honduras y la Argentina. En nuestro caso se sancionaron en la última década cuatro normas referentes a la lucha contra el terrorismo. Las dos primeras, de marzo de 2005, convalidaron la mencionada Convención Interamericana y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiacióndel Terrorismo, votado por la ONU en 1999. Las dos últimas, fechadas de Junio de 2007 y Diciembre de 2011 y ambas conocidas como “leyes anti-teroristas”, guardan estrecha relación entre si ya que aluden a la financiación del terrorismo, al lavado de activos, al contrabando de armas y estupefacientes y a la conformación de organizaciones ilícitas que tengan como fin “aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
La controversia que se generó cuando se sancionaron las últimas dos leyes anti-terroristas es la que atraviesa a la cuestión aquí, en EE. UU. O en cualquier otra parte del globo: no queda claro a qué se le llama terrorista.
Basándonos en la concepción imperante del término, en la Argentina lo podemos vincular con el atentado contra la AMIA 18 años atrás y con el de la embajada de Israel en marzo de 1992, lo cual demuestra que legislación sancionada parece no obedecer a hechos concretos que se den o tiendan a darse con cierta continuidad. Más bien parecen tener que ver con algunas potestades que tuvieron que ceder éste y los demás gobiernos que tomaron este tipo de medidas para no recibir las sanciones de los principales organismos financieros que consistirían en tildar al país de poco confiable a la hora de recibir o realizar inversiones.
El aspecto más complejo de las leyes sancionadas en 2007 y 2012 en la Argentina es que su ambigüedad puede desembocar en que se criminalice cualquier tipo de protesta, lo cual fue el foco del debate mediático que se dio a principios de este año.
No queda claro si el terrorismo se reduce a una cuestión sectaria o con fines muy específicos como se da en los casos de la ETA o Al Qaeda, o si tiene que ver con manifestaciones políticas que cualquier persona pueda llegar a tomar frente a determinados hechos que considere como injusticias. La sanción, alentada por los Estados Unidos y sus organismos adictos, de este tipo de leyes en todo Latinoamérica da cuenta de ciertos aspectos a mejorar de cara a un futuro que busca la independencia de todo tipo de imposiciones provenientes desde “el norte”, cuyas consecuencias ya sabemos cuán nefastas pueden llegar a ser.


                                                                                                                                                                                                                                                                                          Publicado en Inconsciente Colectivo Nº 5, Septiembre 2012.

Cuando el negocio es la muerte


Un enfermero que había denunciado casos de mala praxis en el hospital Dr. Claudio Zin de la localidad bonaerense de Pablo Nogués fue asesinado a principios de este mes en un episodio, al menos, confuso. Walter Navarro fue asesinado de un tiro en la axila en la puerta de su casa en lo que no pareció ser un intento de asalto, dado que los delincuentes no le robaron nada a pesar de poder haberlo hecho. Ahora bien, lejos de poder catalogarse este crimen como “uno más de los que suceden diariamente”, tal cual lo consideró el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, este caso no pasó desapercibido dentro del frenesí de casos de inseguridad que los medios muestran continuamente.
Los antecedentes inmediatos dejan muy mal parado al mencionado intendente y al hospital pediátrico inaugurado en diciembre del año pasado. El caso de Celeste Morales, una nena de 8 años que ingresó por un quiste de grasa y que terminó sufriendo una muerte cerebral causada por un drenaje mal puesto, fue el desencadenante de una serie de inconvenientes que se suscitaron en la institución. Menos de un mes después de la muerte de la pequeña, en Junio de este año, fue agredido en el mismo lugar un grupo de periodistas de distintos medios que fue a investigar lo sucedido con Celeste junto a los familiares de las victimas de mala praxis en ese hospital y en otros de la zona.
El último incidente data de este mes y tiene como protagonista a la figura central de todo este asunto: el intendente Cariglino. Nuevamente un grupo de periodistas se hizo presente en el hospital con el objetivo de reconstruir lo sucedido en Junio. El funcionario, que supuestamente había ido a ver a un paciente, increpó a los periodistas presentes, interrumpió el proceso y tuvo un intercambio de palabras con la madre de otra niña fallecida por una mala praxis. Al pedido de justicia de la madre, Cariglino contestó: “No, a su hija tiene que fijarse usted, que la llevaba desnuda en invierno en la moto” y se retiró tan rápido como llegó.
Jesús Cariglino, de tendencia duhaldista y con simpatías mutuas con el PRO de Macri, viene gobernando el municipio de Malvinas Argentinas desde 1995 y piensa hacerlo hasta el 2015. De las decenas de causas que se le imputaron por asociación ilícita, defraudación al Estado y malversación de fondos público, la mas resonante fue la del 2004, en la que el entonces fiscal Luis Antonio Armella (hoy el juez que supervisa la no-limpieza del riachuelo) lo salvó de ir a la cárcel.
A causa del asesinato del enfermero se cristalizó una abierta confrontación entre Cariglino y el vice-gobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, gracias a la cual quedaron a la vista las diferencias existentes entre el gobierno nacional y la intendencia del partido. Curioso fue el apoyo que recibió el intendente por parte de un grupo de políticos anti-kirchneristas, con Cristian Ritondo y Diego Santilli a la cabeza, quienes emitieron un comunicado en el cual reflexionaban acerca de las supuestas actitudes del gobierno nacional afirmando que "cuando el miedo se instala se pierde la libertad y se atropella la justicia social”.
La relación entre el poder y los negociados en las distintas instituciones es un tema que siempre esta latente en el imaginario colectivo. Ya sea con la policía, la justicia, la construcción de obras o la salud pública, en muchos casos se tiene la sospecha de que algo no anda bien, de que la corrupción está o tranquilamente podría estar presente. Lo que sucede en el partido de Malvinas Argentinas con el sistema de salud, con las malas praxis, la falta de inversión o los desvíos de fondos no es muy diferente a lo que sucede con los trenes y que se hizo evidente solo gracias a las muertes de Once: mala gestión, intercambio de insultos entre políticos de corrientes opuestas, reclamos de justicia por parte de los familiares de las victimas, desinformación por parte de los medios y lentitud por parte de la justicia. Lo más sucio de la política sale a la luz con este tipo de incidentes; en este caso las relaciones entre esa ala siempre tan sospechosa del justicialismo como lo es el duhaldismo, la complicidad o el amparo de ciertos magistrados como es el caso de Armella, el silencio de los profesionales que por diversos motivos no hacen nada para evitar que las muertes se sigan sucediendo y la patotería propia de un intendente que se siente atacado como si estuviera admitiendo la responsabilidad que pesa sobre sus hombros. El resultado en todos los casos es el mismo y ya se vuelve moneda corriente: perjuicio de los pacientes, o los usuarios o cualquiera que quiera usar los servicios que, supuestamente, existen para ayudarlos.
El asesinato del enfermero Walter Navarro no debería quedar en el olvido de la misma forma que quedaron tantos otros que murieron en condiciones poco claras. No debería olvidarse, claro está, si es que se quieren empezar a cambiar las cosas que siguen sin funcionar bien, ni mucho menos.

                                                                                                                  Publicado en Inconsciente Colectivo Nº 5, Septiembre 2012.